La jornada electoral que definió la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ha tomado un rumbo inesperado de alta tensión política. Minutos después de que la Registraduría Nacional consolidara el preconteo de los votos, el presidente de la República, Gustavo Petro, sacudió el panorama nacional al declarar públicamente que no reconoce los resultados preliminares informados por la entidad.
A través de un fuerte pronunciamiento en sus redes sociales, el jefe de Estado encendió las alarmas institucionales al cuestionar de manera directa la transparencia del proceso informático de consolidación.
Las razones de Petro: Denuncias de software alterado y cédulas falsas
El mandatario justificó su postura basándose en supuestas irregularidades técnicas detectadas en los sistemas informáticos de la Registraduría durante los días previos a la votación.
«El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no los acepto», afirmó Petro de manera categórica.
El presidente sustentó su desconfianza bajo tres argumentos principales:
- Modificación de algoritmos: Aseguró que en los últimos días se realizaron modificaciones sospechosas en los algoritmos del software utilizado para el conteo y los escrutinios de la jornada.
- Inconsistencias en el censo: Denunció la presunta inclusión irregular de más de 800.000 cédulas adicionales dentro de los registros aptos para votar.
- Cédulas «gemeleadas»: Durante la tarde, el mandatario ya había advertido de manera pública sobre casos de suplantación electoral, mencionando puntualmente denuncias de «cédulas gemeleadas en anillos de corrupción» que impidieron votar a ciudadanos legítimos.
¿Qué dice la ley? El escrutinio de los jueces será el único válido
Ante la gravedad de las afirmaciones del Ejecutivo, el orden legal e institucional colombiano establece diferencias claras entre los datos preliminares de la noche de elecciones y el resultado jurídico definitivo.
Consciente de este marco legal, el presidente Petro enfatizó que la última palabra no la tiene la Registraduría, sino el aparato judicial. «Conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República», concluyó el mandatario.
Esto significa que el Gobierno Nacional se mantendrá al margen de convalidar la victoria de la primera vuelta de Abelardo de la Espriella o el paso al balotaje de Iván Cepeda hasta que cada una de las actas de votación (formularios E-14) sea revisada, contada y avalada de manera oficial por jueces de la República en los escrutinios definitivos.
Incertidumbre de cara al 21 de junio
Esta declaración añade un manto de profunda incertidumbre a un proceso que, según los ministerios de Defensa e Interior, se había desarrollado bajo relativa calma en materia de orden público.
La negativa presidencial a aceptar el preconteo promete tensionar las tres semanas de campaña de cara al balotaje del 21 de junio, en una carrera donde las alianzas de los partidos perdedores ya han comenzado a moverse con fuerza en favor de las dos fórmulas finalistas
