En la madrugada de hoy, cerca de las 2am el juzgado 36 de garantías, consideró que la captura de Luis Alejandro Garzon estuvo en marco de la ley, así bien se da por sentada la captura y se podrá realizar la imputación de cargos. Este exfuncionario está acusado de pedir dinero en una suma de 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar para ayudarlo y favorecerlo en un proceso disciplinario.
Pero ¿quién es Luis Alejandro Garzón?
Es un abogado de 56 años graduado de la universidad Nueva Granada y quien ha trabajado desde hace casi 30 años en el ministerio público, fue asesor del despacho del Procurador General y procurador regional para Santander. En el 2016 fue funcionario de la personería de Bogotá y estuvo en la procuraduría segunda Distrital de Bogotá.
Bajo las estas condiciones laborales las pesquisas y las investigaciones apuntan a que el exfuncionario adquirió diferentes contactos dentro de las entidades lo que le facilitó realizar diferentes ofrecimientos para favorecer en los fallos disciplinarios. Se investiga la adquisición de múltiples propiedades que según las autoridades con el salario de 9 millones de pesos no sería posible adquirir, como por ejemplo un terreno en una de las zonas más exclusivas de Santander que el abogado adquirió justo cuando era procurador regional.
Dentro de las intercepciones realizadas al exfuncionario se logró confirmar, que estuvo en contacto con personas cercanas a Aida Merlano y a Jesus Santrich a quienes les ofreció los servicios de revocatoria de los fallos.
Por el momento la fiscalía se encuentra indagando y revisando las pruebas recopiladas por la DIJIN y por los entes anticorrupción. El día de hoy sobre las 2pm se reanudará la audiencia de imputación de cargos en donde se le acusará por el delito de concusión (delito cometido por un funcionario público al solicitar bienes o servicios por favorecerlo).
Actualización: El juzgado pospuso la imputación de cargos para el proximo lunes 25 de enero.
El servidor, en ejercicio de su función y a través de 2 personas, al parecer exigió $300 millones a un senador de la República, con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado. pic.twitter.com/wdQEv8RCqC
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 22, 2021
